El gobierno peruano ha establecido desde hoy un toque de queda en todo el distrito de Pataz. Esta medida surge a raíz de la lamentable situación ocurrida en la víspera, cuando 13 trabajadores relacionados con una de las principales compañías mineras de oro fueron encontrados sin vida en un socavón de la zona. Los afectados, empleados de una empresa de servicios para la mina Poderosa, fueron hallados días después de que se reportara su secuestro en el lugar.
La presidenta Dina Boluarte explicó en un comunicado que el toque de queda se aplicará desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, como parte de una estrategia para combatir al crimen organizado vinculado a la minería ilegal. Además, indicó que las Fuerzas Armadas se harán cargo total de la seguridad en el área de la minera Poderosa, en presencia de ministros y altos mandos militares y policiales en el Palacio de Gobierno.
En paralelo a esta medida, Boluarte anunció la suspensión de las actividades mineras en la provincia de Pataz—a la que residen aproximadamente 88,000 habitantes—durante 30 días, con el propósito de facilitar la instalación de una base militar que reúna fuerzas armadas y policiales. Esta decisión se enmarca en el contexto de un estado de emergencia vigente en Pataz desde febrero de 2024, provocado por el incremento de la violencia derivada de la fiebre del oro.
La minera Poderosa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, ha sido objeto de emboscadas y ataques por grupos armados vinculados a la minería ilegal en los últimos meses. Durante la transmisión estatal, la presidenta Boluarte enfatizó la importancia de erradicar la minería ilegal, subrayando que esta actividad moviliza sumas de dinero muy superiores a las del narcotráfico.
En Perú coexisten tres modalidades de minería: formal, regida por la ley; informal, en proceso de legalización; e ilegal, especialmente enfocado en la extracción de oro. Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Poderosa, manifestó que este reciente ataque suma 39 víctimas entre colaboradores, mineros artesanales y otros trabajadores, quienes han sufrido la violencia de bandas criminales que se han impuesto en la zona desde 2022. Además, entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú detectó operaciones sospechosas por un valor de 8,241 millones de dólares, presuntamente relacionados con la minería ilegal. Todo ello en un contexto marcado por extensas extorsiones y episodios de criminalidad violenta que han llevado a la declaración de estados de emergencia en diversas regiones del país.
Autor: Jorge Rojas
