A las 10:00 horas del martes, la Cámara de Diputados recibió el proyecto que constituye la última iniciativa de reforma tributaria en la recta final de la administración de Gabriel Boric. Bajo el título “Beneficios a la clase media, modifica la tributación de las pequeñas y medianas empresa, reduce exenciones y modifica otras disposiciones”, el Ejecutivo despliega en 73 páginas una serie de medidas orientadas a simplificar el sistema impositivo para las PYMEs, otorgar incentivos a la clase media, abordar la polémica de los avalúos en bienes raíces, aumentar los tramos impositivos para las personas de mayores ingresos y restringir exenciones para fondos de inversión, herencias y donaciones.
Entre las disposiciones, se incluye un nuevo beneficio para quienes arriendan propiedades: se permitirá deducir, de la base de impuestos anual, hasta 8 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes aproximadamente a $550 mil mensuales, similar a la actual deducción por intereses hipotecarios. Si el gasto en arriendos supera este límite, el beneficio se aplicará solo hasta el tope establecido, siendo en los dos primeros años del esquema el monto a deducir el menor entre dicho límite y el 30% del gasto real.
En lo que respecta a las PYMEs, el proyecto plantea mantener el régimen conocido como ‘ProPYME Transparente’, en el que el pequeño contribuyente tributa a través de la renta personal de su socio, eximiéndose del impuesto corporativo. Alternativamente, si la empresa opta por el régimen general, se reducirá la tasa de Primera Categoría del 25% al 20%, permitiendo que el tributo sea acreditable en el impuesto que pague su propietario. Asimismo, se prevé un ajuste para el sector, elevando la tasa en dos puntos hasta el 20% a partir de 2029, condicionado a un crecimiento económico mínimo del 2%.
La propuesta también introduce la ‘Ruta del emprendimiento’, un mecanismo que facilitará la transición de un microempresario desde la formalización hasta su integración en el régimen general PYME o incluso en el sistema de grandes empresas. Durante los dos primeros años, el nuevo emprendimiento afrontará un pago mensual equivalente a una UTM (alrededor de $69.000), reemplazando obligaciones como el IVA y la renta, y recibirá un beneficio de IVA durante 24 meses una vez se logre un saldo positivo.
Para compensar el incremento estimado de US$ 1.000 millones en el costo fiscal derivado de los beneficios a PYMEs, adultos mayores y arriendos, se implementarán mecanismos como la elevación de los dos tramos impositivos superiores para ingresos personales, pasando del 35% al 38% y 40% respectivamente para quienes ganen a partir de $8,2 millones y $10,2 millones mensuales. Además, se impondrán restricciones a exenciones y se limitará la aplicación del régimen de renta presunta, reduciendo gradualmente sus topes para sectores como la agricultura, el transporte y la minería a partir de 2027, en preparación para su entrada en vigor en 2028.
En el ámbito de los fondos de inversión, se eliminará la exención que les permitía no tributar en Primera Categoría, salvo en inversiones mayoritarias en capital de riesgo, mientras que para los fondos públicos se incrementará la tasa impositiva de las utilidades remitidas a personas no residentes, del 10% al 20%. Adicionalmente, se contemplan medidas para que las donaciones revocables, así como las heredadas y entre partes relacionadas, estén sujetas al impuesto específico, con la opción de diferir el pago en hasta tres cuotas anuales.
Por último, la reforma aborda la problemática de los avalúos en bienes raíces. Se ofrece un alivio a los adultos mayores pertenecientes al 60% más vulnerable, limitando el pago de contribuciones al 5% de sus ingresos, y se pospone el revalúo de propiedades habitacionales no agrícolas por un año, de enero 2026 a enero 2027. Para compensar la merma en ingresos municipales derivada de este beneficio, Lo Barnechea se une a las comunas que deben consignar el 65% de la recaudación del impuesto territorial al Fondo Común Municipal (FCM).
Autor: Roberto Sánchez