Expertos sostienen que es imprescindible vitalizar la economía y establecer políticas laborales que eleven la productividad de los trabajadores, otorgándoles mayor adaptabilidad para afrontar las transformaciones venideras. La reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística ha evidenciado que en los últimos 12 meses solo se crearon 141 puestos de trabajo, una cifra que resulta alarmante por sí sola y, además, confirma un deterioro progresivo en el mercado laboral.
Durante los últimos 15 meses, la generación de empleo ha disminuido de forma sistemática, lo que refuerza la percepción de estar ante una verdadera crisis o emergencia laboral. Los datos indican que la tasa de ocupación se sitúa en 56,2%, muy por debajo del 58,2% prepandemia, lo que requeriría incorporar aproximadamente 290.000 trabajadores adicionales, cifra que equivale al 90% de los ocupados en el sector minero. Para tener una perspectiva histórica, la tasa actual remonta a niveles no vistos desde el año 2010.
Por otro lado, se ha registrado una tasa de desocupación superior al 8% durante 30 meses consecutivos, cifra que contrasta con el promedio del 6,8% observado entre 2013 y 2018, ubicando al país con la tercera tasa de desempleo más alta entre las naciones de la OCDE. Todo esto indica que el mercado laboral aún no se ha recuperado del impacto de la pandemia, mientras que las políticas implementadas en el último gobierno han contribuido a agravar la situación. La subida real del 20% del salario mínimo, cuádruple en comparación al incremento de los salarios, ha generado un impacto significativo en los costos de las pequeñas y medianas empresas, complementado con la reducción de la jornada a 40 horas, medida que no ha logrado aportar la flexibilidad necesaria, y con determinaciones controversiales de la Dirección del Trabajo que han modificado el balance en el poder de negociación en favor de los sindicatos.
En este contexto, abordar la emergencia laboral se vuelve una obligación ética para quienes aspiran a la presidencia. Algunos candidatos han propuesto medidas como un “salario vital” de $750.000 y la negociación ramal, ideas que, según estudios, han contribuido a aumentar la pobreza en otros países. De no revertirse la situación, el descontento social podría crecer considerablemente. Como señaló una candidata en un reciente seminario de SOFOFA, el empleo es la política social más efectiva. Así, se subraya que la generación de más puestos de trabajo depende directamente del resurgir del crecimiento económico, el impulso de un fuerte estímulo a la inversión mediante la agilización de permisos y la reducción de impuestos, y la creación de un ambiente colaborativo entre empresas, trabajadores y el Estado.
Además, es necesario implementar políticas laborales que no solo aumenten la productividad, sino que también respondan a la necesidad de flexibilidad y adaptación frente a las transformaciones futuras. Este desafío requiere visión de largo plazo y liderazgo, características que escasean en la política marcada por la inmediatez electoral. En tiempos de debates intensos, resulta fundamental analizar detenidamente quién posee la capacidad de guiar al país fuera de la actual crisis de empleo.
Autor: Jorge Rojas