La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los argumentos que pretendían desechar la querella de capítulos contra Ángela Vivanco Martínez, exministra de la Corte Suprema, derribando así un impedimento para que la fiscalía formalice cargos relacionados con cohecho y aceptación de sobornos en el contexto de la llamada trama bielorrusa.
Según la resolución, existen indicios sólidos y coherentes que sostienen que Vivanco, aprovechándose de su posición en el máximo tribunal, habría recibido retribuciones económicas de parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM. Esta conducta habría favorecido a la compañía durante los litigios contra la minera estatal Codelco, especialmente en lo referente a los recursos derivados del proyecto Rajo Inca de Atacama, en el que la firma Belaz Movitec obtuvo beneficios ascendentes a más de 17.000 millones de pesos.
La decisión judicial posiciona a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en una situación clave para avanzar en la investigación. Se destaca que, en la causa, se encuentran detenidos preventivamente la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes han sido vinculados al presunto esquema de sobornos. Entre otros hechos, se señala que se habrían entregado coimas para financiar viajes internacionales y se realizaron pagos adicionales, incluyendo una suma de US$15.600 en una jornada en la que se dictaron resoluciones favorables para la empresa.
La controversia se enmarca en un contexto de crisis que ha afectado al Poder Judicial, evidenciado por la caída de figuras como Vivanco y otros ministros, entre ellos Diego Simpertigue, quien se encuentra suspendido y enfrenta la posibilidad de ser destituido por el Congreso. La resolución expone que, mediante sus votos en el tribunal, Vivanco habría trasmitido un interés personal ilegítimo a favor de los intereses de CBM, vulnerando así los principios de probidad y las obligaciones estatutarias inherentes a su cargo.
El fallo fue adoptado de manera unánime por los ministros Fernando Carreño y Guillermo de la Barra, quienes contrastaron la postura del ministro Fernando Valderrama, que había calificado de inadmisible la querella. La sentencia remarca que los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la querellante Codelco configuran un cúmulo de evidencias que apuntan a conductas irregulares durante el periodo de actuación judicial, especialmente en torno al recurso de protección entre CBM y Codelco.
Ante este escenario, la fiscalía continúa su labor de investigación mientras se espera la formalización de cargos, lo que podría significar un avance significativo en el combate a la corrupción dentro del sistema judicial y en el manejo de casos de intereses personales indebidos en la administración de justicia.
Autor: Iñigo Socías