La comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en términos generales un proyecto de ley que busca proteger los cielos en áreas de alto valor para la investigación astronómica. La iniciativa contempla la creación de una franja de exclusión de 70 kilómetros que abarcaría los observatorios Paranal y Armazones, ubicados en la Región de Antofagasta. Esta medida, de ser incorporada a la legislación, afectaría la ejecución de más de 40 proyectos de inversión, entre ellos el megaproyecto de hidrógeno verde denominado INNA, promovido por AES Andes y actualmente sometido a evaluación ambiental.
La aprobación se logró con el voto favorable de ocho legisladores, una abstención y un voto en contra, expresado por el diputado republicano José Carlos Meza. Este avance legislativo ha sido promovido por parlamentarios que buscan restringir las actividades industriales y energéticas en zonas consideradas cruciales para la observación astronómica. En este contexto, el Concejo Municipal de Taltal, dirigido por el alcalde Mario Acuña (DC), aprobó de manera unánime una solicitud para retirar la iniciativa, evidenciando la división existente en torno a este tema.
El proyecto podría establecer un precedente importante al generar una regulación similar en magnitud a la de la Región Metropolitana. Según declaraciones del diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde, el desarrollo de INNA podría comprometer la calidad de la observación astronómica, debido a factores como la interferencia de torres eólicas, el polvo, las vibraciones constantes y la contaminación lumínica. Dichas preocupaciones se hicieron eco durante el debate presidencial en Anatel, donde los candidatos expresaron posturas contrarias y a favor del megaproyecto.
Además, el alcance de la nueva normativa afectaría a iniciativas como el proyecto “Híbrido Solar, Eólico y de Almacenamiento de Energía Llanura Solar” y “Arena BESS”, ambos promovidos por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y que implican una inversión combinada estimada en US$ 1.600 millones. Otro proyecto impactado sería el “Parque Híbrido Pampas”, liderado por AES Andes, con un respaldo de US$ 800 millones y que ya había obtenido aprobación en su trámite ambiental en noviembre de 2024. Fuentes vinculadas a la industria destacan la necesidad de que la propuesta sea evaluada por las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y la de Minería y Energía, para analizar a fondo sus implicaciones jurídicas, económicas y productivas, considerando la elevada presencia de concesiones mineras en la zona en cuestión.
Por otra parte, representantes de AES Andes han advertido que ampliar la zona de exclusión a 70 kilómetros podría obstaculizar proyectos estratégicos, subrayando que Chile cuenta con una de las normativas de control lumínico más estrictas del mundo. El diputado González puntualizó que la medida no busca prohibir todas las actividades en la región, sino impedir que aquellos proyectos que puedan comprometer la calidad de la protección astronómica se desarrollen. En apoyo a esta delimitación, el diputado Jaime Araya aseguró que se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el interés de la pequeña y mediana minería, concentrándose la restricción en los megaproyectos de alto impacto.
Finalmente, los parlamentarios establecieron el 5 de enero de 2026 como fecha límite para presentar las indicaciones pertinentes, con votaciones particulares programadas a partir del 7 de enero, lo que podría definir de manera definitiva el futuro de la normativa y los proyectos asociados en esta estratégica zona del norte de Chile.
Autor: Iñigo Socías