La Fundación Terram ha dado a conocer un exhaustivo análisis bajo el título ‘SQM: Génesis de la corrupción minera en Chile’, que recorre más de 40 años de actividades de la compañía en el país. El estudio describe cómo SQM ha logrado captar de forma sistemática la política y modificar normativas ambientales y tributarias para favorecer sus intereses, debilitando simultáneamente los mecanismos de control institucional.
El análisis, redactado por el investigador Pablo Madrid, repasa antecedentes históricos, litigios, reformas legislativas y discrepancias fiscales, aportando evidencia para promover una gobernanza más transparente, ambientalmente responsable y libre de influencias indebidas en el sector litífero.
Entre los hallazgos, el informe destaca la influencia directa de SQM en la formulación de leyes, ejemplificada con la reforma a la Ley Ambiental (Ley 20.417) y la reforma tributaria minera de 2010 (Ley N°20.469), en las que la intervención de la empresa mediante sugerencias fue determinante. Asimismo, se señalan los mecanismos de financiamiento político irregular que facilitaron la incorporación de propuestas de interés exclusivo para la compañía, afectando la transparencia y la confianza pública en el manejo de los recursos estratégicos del país.
SQM ejerce un control significativo sobre 258.440 hectáreas en el Salar de Atacama, aplicando estrategias como la inscripción de concesiones y derechos de agua que bloquean la entrada de nuevos actores, además de utilizar procesos de arbitraje que, en lugar de sancionar sus incumplimientos, han ampliado sus cuotas de extracción. El documento también critica la adjudicación irregular del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en 2012, que, a pesar de controversias legales, benefició a la empresa.
Otro aspecto analizado es el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM, uno de los hitos más polémicos de la Estrategia Nacional del Litio. El reporte resalta la ausencia de licitación pública, el uso de estructuras societarias de opacidad, pérdidas fiscales millonarias y la falta de una consulta indígena adecuada, lo que enfatiza los riesgos de captura del Estado y la necesidad de una gobernanza moderna y participativa.
El informe identifica además dos áreas críticas en las obligaciones fiscales, evidenciadas por discrepancias históricas entre CORFO y SQM y por el litigio relacionado con el Impuesto Específico a la Minería (IEAM), lo que pone de manifiesto las deficiencias estructurales en la fiscalización y en la transparencia tributaria del sector.
Ante esta situación, Fundación Terram propone medidas urgentes para robustecer la integridad y la supervisión en la industria del litio: la aplicación rigurosa de la Ley de Lobby y normas de financiamiento político, barreras para la adjudicación de contratos estratégicos a empresas con antecedentes problemáticos, establecimiento de cláusulas anticorrupción en contratos públicos, y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores como SII, CORFO, Aduanas y Cochilco. Además, se resalta la importancia de procesos de licitación pública, consultas indígenas efectivas y mecanismos de control ciudadano, así como la implementación ambiciosa de la Iniciativa EITI para garantizar una completa transparencia fiscal en el sector.
La publicación original de este análisis se difundió inicialmente en El Ciudadano, subrayando la necesidad de reconsiderar el modelo de gobernanza del litio en un contexto de crecientes desafíos éticos y fiscales en Chile.
Autor: Iñigo Socías