En la cordillera de los Andes, ubicada a 4.364 metros sobre el nivel del mar, el río Suches dibuja la línea fronteriza entre Perú y Bolivia. Según un estudio llevado a cabo por el sitio web Connectas, esta zona se ha convertido en el epicentro de un floreciente mercado negro de explosivos, favoreciendo la minería ilegal e informal de los dos países. La zona conocida como “Las Perlas” se transforma cada viernes en un hervidero de actividad, donde junto a productos cotidianos, se venden artefactos explosivos. Pese a las mayores medidas de control, el comercio ilegal persiste, adaptándose a través de nuevos métodos y ubicaciones estratégicas.
En Puno, Perú, encontramos La Rinconada, un hot-spot del contrabando. A primera vista, pequeñas tiendas de comestibles esconden un comercio lucrativo de dinamita. Pese a la gravedad del asunto, la acción de las autoridades parece insuficiente. Desde 2019, la aduana peruana tan solo ha registrado dos intercepciones de explosivos ilícitos.
Perú figura entre los mayores fabricantes de explosivos de la región, habiendo exportado un total de 95 millones de dólares en 2023, siendo Bolivia uno de los principales destinatarios. No obstante, una proporción considerable de estos productos vuelve a entrar a Perú en forma de contrabando. Luis Patón Paredes, jefe de la Unidad de Material Bélico del Ministerio de Defensa de Bolivia, afirmó que el desvío de estos materiales elude el poder de control del estado.
Entre las firmas peruanas que dominan el mercado legalmente, Famesa Explosivos S.A.C. destaca por sus exportaciones a Bolivia, acumulando 33 millones de dólares entre 2019 y 2023. Sin embargo, también ha sido vinculada a la incautación de explosivos utilizados en la minería ilegal en ambos países. En Bolivia, la empresa mixta Maxam Fanexa complementa la producción local, pero parte de su producción también acaba en el mercado ilegal.
Este tráfico ilícito de explosivos no solo afecta a la frontera. Una vez estos artefactos llegan a Perú, son enviados a regiones mineras clave como Cusco, Arequipa, Lima y La Libertad. Aquí, la minería irregular e ilegal recurre a explosivos para romper rocas y extraer minerales, principalmente oro.
El control del contrabando en la frontera de Puno ha sido limitado. Según la Sunat, esta región acumula el 38.7% del contrabando del país. Sin embargo, la incautación de explosivos es prácticamente inexistente. Entre 2019 y 2023, solo se han registrado unos pocos casos, incluyendo el decomiso de 400 detonadores y más de una tonelada de mecha en un camión en agosto de 2024. La falta de recursos e infraestructuras dificulta la intervención de las autoridades.
La minería informal e ilegal en Perú se abastece de diversas maneras. En Secocha, Arequipa, vendedores clandestinos comercian explosivos sin la necesidad de documentación. Un minero local afirmó que los vendedores justifican sus compras legales ante las autoridades para luego desviarlas hacia el mercado negro.
Sólo los mineros registrados en el Registro Integral de Formalización Minero (REINFO) pueden adquirir explosivos legalmente. Sin embargo, menos del 10% de los mineros de Arequipa solicita estos productos de manera oficial. El resto acude al contrabando o a organizaciones ilegales que operan desde los gobiernos regionales hasta las fábricas de explosivos.
Por su parte, el jefe de la Gerencia Regional de Energía y Minas en Arequipa, Iván Prado, negó la existencia de acaparamiento en la compra de explosivos. A pesar de ello, se han detectado numerosos casos de solicitudes excesivas vinculadas a derechos mineros, sugiriendo desvíos sistemáticos. La Sucamec confirmó que el transporte de explosivos presenta vulnerabilidades, ya que los vehículos autorizados no garantizan que las entregas y rutas se realicen conforme a lo establecido.
Expertos y autoridades alertan de que el contrabando de explosivos no sólo amenaza a la minería formal, sino que también pone en peligro la seguridad de las comunidades afectadas. Además, la comercialización de estos materiales continúa siendo un eslabón fundamental en la cadena de la minería ilegal, una industria que genera miles de millones de dólares anualmente. Este comercio, liderado por redes transnacionales y aprovechando los vacíos legales existentes, representa un desafío constante para las autoridades de ambos países.
Fuente: Infobae
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Autor: Iñigo Socías