‘Si fuera problemático, no estaría allí.’ Así respondía la ministra de Interior, Carolina Tohá, al ser cuestionada sobre la continua defensa del Gobierno hacia uno de sus asesores, Miguel Crispi, mientras se subía a un coche esperándola fuera del Palacio de La Moneda.
Recientemente, Ciper desveló que en 2023 tuvo lugar una reunión en La Moneda con Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso y un alto ejecutivo de la firma Huawei. En dicho encuentro participó también un abogado de la firma de Luis Hermosilla.
Tohá, frente a los cuestionamientos por esta reunión, declaró que ‘no debería ser noticia’, ya que ‘Huawei ha estado en las agendas internacionales cada vez que hubo visitas a China por parte de los presidentes, en todos los últimos gobiernos’. Usó como ejemplo las administraciones de los expresidentes, el fallecido Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
El subsecretario de Interior, Luis Cordero, alegó que ‘reuniones como estas con compañías importantes relacionadas con telecomunicaciones o minería también han solicitado reuniones con el gabinete presidencial’.
Además, el exministro de Justicia añadió que ‘uno debe tener cuidado con las obsesiones, acerca de asuntos y de nombres’.
La presencia de Crispi en la Moneda ha sido un tema de controversia. Ha sido objeto de críticas recurrentes, tanto en el contexto del caso Convenios y por haber sido representado por el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción. Asimismo, su participación en la toma de decisiones tras la revelación del caso Monsalve y su silencio en ciertos temas cuando fue citado por la Comisión Especial Investigadora (CEI) también ha alimentado las críticas.
Varios parlamentarios del Socialismo Democrático han expresado su inquietud de que la figura de Crispi complica el escenario para el Gobierno de Gabriel Boric.
Respecto a si la reunión entre Crispi y el directivo de Huawei es legal, Enrique Rajevic, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, argumentó que ‘ni los asesores, ni el mismo presidente o presidenta, están obligados a informar sus actividades y regalos a través de este sistema’. Sin embargo, Joaquín Palma Cruzat, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Finis Terrae, apuntó que ‘considerando la condición de funcionario público de Crispi, él debe adherirse a los deberes de probidad que establece el artículo octavo en la Constitución, para todo funcionario público’.
Autor: Iñigo Socías